Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, desde su declaración en 1975 por parte Asamblea General de las Naciones Unidas.
Cada 8 de marzo esperamos fervientemente poder decir que estamos mejor, que los números de los femicidios en nuestro país comienzan a decrecer. Nada más lejos de la realidad. De acuerdo al Observatorio Lucía Pérez, en lo que va del 2021 se registran un total de 51 femicidios, lo que representa una mujer muerta por razones de género cada 22 horas. El asesinato de Úrsula, que tomó estado público, dejó en evidencia las profundas fallas del Estado a la hora de responder frente a la violencia de género. Úrsula alzó su voz, pidió ayuda y denunció casi una veintena de veces, sin embargo, fue asesinada por su ex novio, personal de la policía.
La situación es cada vez más alarmante y nos exige demandar un cambio definitivo en las prácticas que perpetúan las desigualdades, expresadas de múltiples formas en todos los poderes de un Estado, patriarcal y sin perspectiva de género. Un Estado que no llega a tiempo.
Nuestra experiencia de atención directa y de acompañamiento al denunciar las violencias que viven a niñas, adolescentes y mujeres adultas, nos pone en contacto con la desidia y la soledad a la que se enfrentan. Nos consta el descuido y el destrato frecuente en varias esferas del poder judicial y del personal de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo, aún persisten obstáculos para que se garanticen las medidas correspondientes de asistencia, protección y seguridad, incluyendo las medidas preventivas urgentes, definidas en nuestra legislación nacional.
Construir respuestas efectivas y solucionar la falta de perspectiva de género en el poder judicial son dos cuestiones urgentes. La Ley Micaela, que supone la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, significó sin dudas un paso importante en esta dirección. Sin embargo, es de público conocimiento también cómo se pudo avanzar en la implementación de esta Ley en la órbita del poder ejecutivo y legislativo, y en cambio, las resistencias que existen para su cumplimiento en el poder judicial.
A un escenario estructural de una justicia profundamente machista hay que sumar la situación de las mujeres y disidencias en el contexto actual. En la pandemia, son millones las que perdieron o disminuyeron sus ingresos, miles las que se encontraron aisladas con sus agresores, las que sufrieron violencias. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, son las mujeres quienes en un 90% de los acompañan la escolaridad virtual durante la pandemia. Las desigualdades están a la orden del día.
Es necesario estar más unidas ante tanta desigualdad y exigir al Estado lo que como ciudadanas merecemos: un trato igualitario en cada ámbito de nuestra vida, un acceso igualitario a todos los derechos que nos corresponden, un tránsito por la vida sin miedo a morir por haber nacido mujeres en una sociedad que nos da la espalda.
Comité Nacional de Género
Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina