Adopciones interrumpidas: un desafío pendiente para garantizar el derecho a vivir en familia

Este 28 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fue pionera en la forma en la que comprendemos los derechos de infancias y adolescencias en nuestro país, definiendo claramente cuáles deben garantizarse y protegerse de manera universal. Entre ellos: el acceso a la salud y la educación, al ocio y el juego, a ser escuchados y a participar en las decisiones que les incumben. 

Aunque representó un gran avance, todavía existen brechas entre lo que establece la ley y su cumplimiento efectivo. Una de ellas, que muchas veces permanece invisibilizada, son los procesos excluyentes: situación que ocurre cuando una adopción se ve interrumpida y ese niño es excluido de su familia adoptiva, teniendo que regresar a un dispositivo de cuidados alternativos.

Estas exclusiones representan una vulneración al derecho a vivir en familia consagrado en la Ley N° 26.061. Aunque sus causas son múltiples y complejas, detrás de ellas hay infancias y adolescencias que atraviesan dos momentos traumáticos: una primera separación de su familia de origen y una nueva ruptura afectiva con su familia adoptante.

Por eso, en el marco de un nuevo aniversario de esta normativa fundamental, la existencia de esta situación nos obliga a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo para que los niños de nuestro país vivan en un entorno familiar y construyan vínculos duraderos?

De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), hoy solo 1.107 personas o parejas están inscriptas y habilitadas para adoptar, mientras que en 2017 había 5.500. A su vez, en Aldeas Infantiles SOS Argentina registramos 54 adopciones concretadas frente a 61 procesos excluyentes desde 2016. El relevamiento incluye datos de nuestras filiales de Oberá, Córdoba, Mar del Plata y Luján y muestra que no se trata de un hecho aislado: los casos alcanzaron picos en 2019 y 2022.

Estas cifras nos invitan a mirar el fenómeno con mayor atención y ponerlo en agenda. Los procesos adoptivos interrumpidos persisten y requieren una respuesta clara por parte del Sistema de Protección. Al mismo tiempo, la disminución en la cantidad de personas adoptantes disponibles plantea un escenario todavía más crítico para garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer efectivamente su derecho a vivir en familia.

Abordar esta problemática va más allá de una medida puntual o entender por qué una adopción “no funcionó”. Requiere de una respuesta sistemática de los múltiples actores que intervienen en estos procesos y mayor articulación para identificar a tiempo cualquier dificultad. Sin embargo, la manera más contundente de evitarlos empieza antes: fortaleciendo a las familias de origen para prevenir la separación, brindando cuidados alternativos adecuados que restituyan derechos y, cuando corresponda, procesos adoptivos en los que se respeten la voz, derechos y necesidades de chicos y chicas.

Es necesario, también, un registro público y estadísticas oficiales que analicen estos procesos con el mismo detalle con el que se cuentan las adopciones concretadas. Esto permitirá comprender su dimensión, causas y consecuencias en profundidad.

Por último, implica que las familias adoptantes reciban información, capacitaciones y acompañamiento profesional durante la etapa de vinculación para que puedan construir lazos sólidos, respetuosos y perdurables en el tiempo.

Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina trabajamos para visibilizar esta realidad y promover cambios estructurales. Desde 2023 impulsamos “Adopción: Procesos excluyentes - Hacia un compromiso colectivo y federal para las infancias y adolescencias” una serie de encuentros con especialistas y autoridades de distintas provincias del país; y en 2025, presentamos en Misiones un proyecto de ley que propone la capacitación obligatoria y el acompañamiento a los aspirantes a adopción, con el objetivo de prevenir interrupciones y garantizar vínculos sostenibles.

A más de dos décadas de la Ley 26.061, es imperativo revisar cuánto avanzamos y, sobre todo, qué desafíos tenemos por delante. Si el derecho a vivir en familia está reconocido, ¿qué nos falta para garantizarlo en la práctica? Crear un registro que permita comprender los procesos excluyentes, generar mayor articulación entre los actores responsables y acompañar adecuadamente a los adoptantes son pasos necesarios para ratificarlo.

Porque garantizar derechos no es solamente reconocerlos: es construir las condiciones para que puedan hacerse realidad.