La 26.061 veinte años después: nuestra hoja de ruta democrática 

Por Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina 

Hace dos décadas, la Argentina dio un paso histórico con la sanción de la Ley N° 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta ley consolidó un cambio profundo en la manera en que como sociedad concebimos a la infancia y a la adolescencia, dejó atrás la mirada tutelar que los entendía como objetos de protección para reconocerlos como sujetos plenos de derechos, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño que nuestro país había ratificado en 1990 y elevado a jerarquía constitucional en 1994. 

Con esta ley, se cambió de paradigma. No se trató solo de ampliar garantías, sino de sentar las bases de un sistema de protección integral donde el interés superior de la niñez guiara todas las decisiones públicas y privadas. La norma fijó responsabilidades concretas para el Estado en sus distintos niveles y abrió el camino para la creación de instituciones y herramientas específicas, desde organismos administrativos y defensorías hasta servicios locales y zonales. También impulsó la apertura de canales de escucha como la Línea 102, que hoy constituye un espacio fundamental para que niñas, niños y adolescentes puedan ser escuchados y acompañados. 

La ley reconoce derechos esenciales, como el derecho a vivir en familia y comunidad, a la salud integral, a una educación inclusiva y de calidad, a la participación en los asuntos que los afectan y a la protección frente a cualquier forma de violencia, explotación o discriminación. Pero más allá de la enumeración, lo central es que cada uno de estos derechos dejó de ser entendido como una concesión y pasó a ser una obligación jurídica que interpela al Estado y a la sociedad en su conjunto. 

A veinte años de su sanción, esta ley continúa siendo un pilar insustituible. Su vigencia nos recuerda que la protección de la infancia y la adolescencia no se agota en el plano normativo, requiere voluntad política, presupuestos estables, articulación entre instituciones y compromiso de la comunidad. Sin embargo, persisten deudas que la letra de la ley sola no resuelve como la desigualdad social, la pobreza estructural, la violencia en sus múltiples formas y las dificultades en el acceso a servicios básicos siguen afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 

Este aniversario nos invita a renovar el compromiso colectivo de transformar esos mandatos en realidades cotidianas. El aniversario de la Ley 26.061 no puede ser recordado solamente como un hito jurídico, sino como una brújula ética y política que nos recuerda que el bienestar de las infancias y adolescencias es responsabilidad de todas y todos. Una sociedad que cuida, escucha y acompaña a sus niñeces es una sociedad más justa, más democrática e inclusiva.