Atrasos en el pago del PAE y la necesidad de cumplir con la Ley

El PAE se diseñó para garantizar la inclusión social y desarrollo personal de adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años que han perdido el cuidado parental, y se extiende hasta los 25 años en aquellos casos en los que continúen sus estudios superiores. Esto se realiza a través de una asignación económica mensual y el acompañamiento de un/a referente designado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en materia de salud, salud sexual, procreación responsable y planificación familiar; educación, formación y empleo; vivienda; derechos humanos y formación ciudadana; recreación y tiempo libre; habilidades para la vida independiente; planificación financiera y manejo del dinero, entre otras. 

Sin embargo, este año los pagos han sido irregulares: el correspondiente al mes de marzo se realizó recientemente con un monto desactualizado frente a la inflación; el mes de abril aún no ha sido acreditado, y estamos a pocos días de que también se adeude el de mayo. Esta demora –que ya ocurrió en enero y febrero– impacta negativamente en el desarrollo de miles de jóvenes que dependen de estos fondos para cubrir necesidades básicas como alimentos, vestimenta, alquiler y estudios. 

La situación es alarmante y exige una pronta solución. Los/as jóvenes no pueden seguir esperando respuestas que no llegan. Además de los retrasos en los pagos, aquellos/as adolescentes y jóvenes que recientemente ingresaron al Programa no han recibido las tarjetas de débito necesarias para cobrar sus asignaciones, evidenciando una posible discontinuidad administrativa por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. 

Es crucial que el PAE funcione como lo estipula la Ley, con un acompañamiento pedagógico constante y efectivo, a través de los referentes designados. Estos jóvenes han perdido el cuidado parental y dependen del apoyo del Estado para reconstruir sus vidas y alcanzar un futuro mejor. 

Los/as adolescentes y jóvenes se están organizando en diferentes puntos del país para luchar y defender un derecho que les corresponde. Es nuestro deber como sociedad acompañarlos/as y exigir la regularización de los pagos de este Programa, así como la implementación adecuada en su totalidad. 

Debemos unirnos en este llamado para garantizar que estos jóvenes reciban el apoyo necesario. Los aspectos burocráticos y administrativos no pueden privar a nuestros/as jóvenes de la oportunidad de un futuro digno. Es momento de asegurar que el Programa de Acompañamiento al Egreso cumpla su propósito esencial: proteger y acompañar a quienes más lo necesitan. 

Acompañemos a los/as adolescentes y jóvenes en la defensa de sus derechos.