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En Argentina casi uno de cada 2 niños vive en situación de pobreza. Este devastador número se desprende del Informe “La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina” presentado recientemente por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de Argentina. Del mismo surge que en el país, el 29,7% de las personas está en la pobreza, pero si contamos a los niños en hogares pobres, el número trepa al 47,7%, es decir 5.800.000, vive en esta situación.
La pobreza en la niñez tiene una relación directa con la posibilidad de los adultos de obtener un ingreso estable. El empleo, altamente condicionado por el contexto económico, aparece así como uno de los factores de mayor incidencia en la situación de pobreza de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, los resultados del mismo estudio revelan que “Si bien la pobreza afecta al 47,7% de los niños, niñas y adolescentes, la tasa aumenta al 85% cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado, al 64% cuando es inactivo, y al 65% cuando es un asalariado informal”.
No solamente es monetario
Además de lo mencionado precedentemente, es fundamental ampliar la mirada más allá del ingreso económico y considerar otros factores como la oferta educativa que reciben los niños de los sectores empobrecidos, la atención sanitaria, el acceso al agua potable, la alimentación acorde a las necesidades de desarrollo de cada etapa evolutiva o la seguridad y protección en la que transcurren sus días.
En términos de exclusión y marginalidad, la pobreza es nociva para cualquier ser humano, pero en el caso de los niños y niñas, el impacto es tan fuerte que podría considerársela como la principal causa de la violación de sus derechos. Ser pobre es una de las constantes barreras que millones de niños enfrentan para acceder al ejercicio de los mismos. Es urgente cambiar esta situación.
Una respuesta desde la perspectiva de derechos
El abordaje de la pobreza infantil debe ser desde el enfoque de derechos y ciudadanía. Esto implica exigir al Estado, como principal garante de los derechos humanos, las respuestas que reviertan este proceso. Pero también se requiere un importante compromiso como sociedad. Es necesario que, mediante políticas de redistribución de la riqueza, los sectores con mayores ingresos sean solidariamente responsables con quienes quedan excluidos.
Postergar las respuestas a esta situación es hipotecar el futuro de millones de niños y de toda la sociedad. Porque no solo se niegan oportunidades en el presente sino que, al transitar procesos de desarrollo físico, mental, espiritual y cultural, se condicionan las posibilidades concretas a futuro. De esta manera el círculo de la pobreza se reproduce una y otra vez y se transmite de generación en generación.