Cada 25 de noviembre, a partir de la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, se conmemora el Día internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Cada año las cifras que dan cuenta de las desigualdades y violencias que sufren las mujeres son más alarmantes. Según el observatorio “Ahora que, si nos ven” en lo que va del 2020 en Argentina, se cometieron 255 femicidios.
El femicidio constituye la punta del iceberg de una multiplicidad de violencias que sufren las mujeres en los diversos espacios que ocupan en la sociedad: en las casas, en los trabajos, en las instituciones de salud, en la escuela, en los medios de comunicación, entre otros. Las violencias varían y se multiplican en función de quiénes sean esas mujeres y por qué otras desigualdades estén atravesadas: por su situación de discapacidad, por su edad, por su origen étnico, por su identidad genérica o sexual. Cada una de ellas se lleva la peor parte.
El aislamiento, medida de prevención y contención de la pandemia por COVID-19 generó mayores riesgos para las mujeres, que en muchos casos quedaron encerradas con su agresor y desconectadas de espacios frecuentes de protección. Según datos oficiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, desde el inicio de la cuarentena aumentaron un 39% las denuncias de mujeres a la Línea 144. Del total de femicidios, el 64,7% de los ocurrió en la vivienda de la víctima y el 64,4% fue perpetrado por la pareja o expareja de la víctima. Producto de los femicidios, 218 niños y niñas perdieron a su madre. Es evidente que la violencia contra las mujeres implica vulneraciones graves de derechos también para la población infantil.
Este 25 de noviembre, podemos celebrar la existencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como respuesta acorde para incidir en la agenda pública nacional. Además, en los últimos años, se sancionaron leyes que suponen un reconocimiento de la problemática y avances para su solución. Entre ellas destacamos la Ley Brisa (27.452) que establece el derecho a la reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios sancionada en 2018 y la Ley Micaela, reglamentada en 2019 que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Cada una de ellas representa avances muy significativos en materia de políticas públicas, producto evidente de la lucha incansable del movimiento de mujeres y disidencias.
Pero no es suficiente. Necesitamos un Estado más presente, una justicia que pueda actuar a tiempo. Es inaceptable y aterrador saber que casi el 20% de las mujeres asesinadas este año, habían realizado denuncias por violencia de género y su destino no cambió.
Las violencias y desigualdades de género están en todos lados, por eso su erradicación requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto. No se puede mirar más para otro lado.
Aldeas Infantiles SOS Argentina es una organización comprometida con la equidad de género y con el consiguiente trabajo en la reflexión para el cambio sobre modelos y paradigmas en todos sus programas. Porque creemos en la construcción de un mundo más libre y justo para todas y todos y sabemos que cada una de nuestras acciones cuenta para lograrlo.