Procesos excluyentes: el desafío de garantizar el derecho a vivir en familia 

Entre 2015 y 2025, en las filiales de Oberá, Córdoba, Mar del Plata y Luján se registraron 60 procesos excluyentes en adopción que afectaron a 51 niños y niñas. Se trata de un relevamiento propio, que permite dimensionar el alcance de esta problemática en los territorios donde estamos presentes.  

Pero no se trata solo de números. Se trata de trayectorias de vida atravesadas por rupturas, de vínculos que no lograron sostenerse y de un derecho fundamental —el de vivir en familia— que vuelve a quedar en suspenso. 

Los procesos excluyentes ocurren cuando quienes adoptan interrumpen la vinculación o la convivencia, generando que niños y niñas deban regresar a un dispositivo de cuidado alternativo.  

El estudio permite dimensionar la magnitud de esta problemática a lo largo del tiempo. De los 60 casos registrados, la mayoría corresponde a chicos y chicas que atravesaron una única interrupción, pero también hay historias más complejas: 8 de ellos vivieron dos procesos excluyentes y uno, atravesó tres. Cada nueva ruptura profundiza la vulnerabilidad y deja marcas emocionales difíciles de reparar. 

La evolución en los últimos años muestra una tendencia que preocupa. El año 2022 fue especialmente crítico, con 10 interrupciones frente a apenas 2 adopciones y en 2025, la relación volvió a evidenciar el desequilibrio: 5 procesos excluyentes y solo una adopción. 

Cuando se analizan las causas, el panorama es aún más revelador. De las 31 razones identificadas, solo 3 se vinculan a decisiones de los propios niños o niñas, mientras que 28 corresponden a los adultos adoptantes. Esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación, preparación y acompañamiento de quienes asumen la responsabilidad de cuidar. 

Frente a este escenario, impulsamos acciones concretas para visibilizar la problemática y promover cambios estructurales. Desde 2023, llevamos adelante “Adopción: Procesos excluyentes - Hacia un compromiso colectivo y federal para las infancias y adolescencias”, generando espacios de diálogo con especialistas y autoridades de distintas provincias. 

En 2025, además, la organización presentó en Misiones un proyecto de ley que propone la capacitación obligatoria y el acompañamiento profesional a las familias adoptantes, con el objetivo de prevenir interrupciones y garantizar vínculos sostenibles en el tiempo. 

Porque detrás de cada interrupción hay una historia que no debería repetirse. Evitar los procesos excluyentes no es solo una meta institucional: es una responsabilidad compartida. Requiere compromiso, preparación y una mirada centrada en el interés superior de niños y niñas. 

Garantizar el derecho a vivir en familia implica mucho más que concretar una adopción. Implica sostenerla, cuidarla y acompañarla.